“Vulneró la Constitución”

El abogado Nicolás Mirande y el ingeniero Fernando Sergio Vera del Barco, ambos del Pro, solicitaron al Poder Legislativo que eche a Daniel Leiva, vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, por medio del procedimiento de juicio político. Según los denunciantes, el integrante del máximo estrado provincial violó el cuerpo normativo fundamental. “Con su falta de independencia vulneró la prohibición estricta establecida en la Carta Magna que impide a los miembros de la Corte relacionarse con titulares de los restantes poderes del Estado”, opinaron. Y añadieron que la “evidente relación” del juez supremo con el gobernador Juan Manzur y el vicegobernador Osvaldo Jaldo surge de las afirmaciones realizadas por Leiva en el audio de la conversación que mantuvo con el magistrado Enrique Pedicone el 28 de julio y que aquel grabó.

Mirande y Vera del Barco consideraron que para expulsar al vocal denunciado penal bastaba con la denuncia que había presentado Pedicone el 1 de septiembre. “Es obvio que, aprovechándose de su posición jerárquica, Leiva intentó influenciar a Pedicone para que este último regulase la intensidad de la causa de Ricardo Bussi”, dijo.

“El artículo 123 de la Constitución dispone que ‘no podrán los funcionarios judiciales intervenir activamente en política; firmar programas; exposiciones; protestas u otros documentos de carácter político, ni ejecutar acto alguno semejante que comprometa la imparcialidad de sus funciones”, citaron. Mirande y Vera del Barco indicaron que Leiva había incurrido en un incumplimiento de los deberes a su cargo y que su conducta quedaba comprendida en las causales de destitución del artículo 19 de la Ley 8.734 en cuanto “a la falta de independencia puesta de manifiesto por la observancia de influencias lesivas a la dignidad y autoridad de las funciones a su cargo”.



“Sirvió a su patrón Jaldo”

El abogado Gustavo Morales y Alejandra Martínez, empleada judicial y secretaria adjunta de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional-Seccional 5, pidieron a la Legislatura que destituya a Daniel Leiva, vocal de la Corte Suprema de Justicia, por mal desempeño del cargo y la supuesta comisión de delitos. Según su criterio, Leiva carece de independencia y de imparcialidad, y, por lo tanto, no es juez. Martínez y Morales expresaron que, más allá del intento de influir al juez Enrique Pedicone en la causa por supuesto abuso sexual e irregularidades con cuentas bancarias contra el legislador Ricardo Bussi (Fuerza Republicana), Leiva no había logrado cortar su vínculo con el vicegobernador Osvaldo Jaldo. “El vocal sirvió a su patrón Jaldo”, concluyeron los denunciantes, y pidieron que investigaran las llamadas telefónicas que ambos habrían intercambiado el 26, 27 y 29 de julio, y el 1 y 2 de septiembre de 2020. Asimismo relataron que en abril, Leiva habría viajado a Buenos Aires para buscar a un hijo sin permiso de la Corte y en violación de la cuarentena ordenada por el presidente Alberto Fernández.

Morales y Martínez refirieron que el número dos del Gobierno había dicho en mayo de 2019, en el Concejo Deliberante de Simoca y en presencia del intendente, ‘a este (Daniel) Posse lo vamos a sacar pa’l (...) porque el próximo presidente de la Corte va a ser Leiva” en referencia a que el entonces titular del alto tribunal había afirmado que no existía aún una fecha para los comicios de aquel año. Los denunciantes recordaron que Jaldo había aparecido mencionado en el audio atribuido al intendente de Tafí del Valle, Francisco Caliva, en el que se escucha “que hay que arreglar con él”. “Como dicen los españoles, no hay que ser demasiado despabilados para darse cuenta de que el nombre del vice aparece asociado a la impudicia, a los negociados y a la ‘sexopatía constitucional’, lo que contrasta, por ejemplo, con el comportamiento lacónico del gobernador (Juan Manzur)”.

Martínez y Morales acotaron que por lo menos en tres oportunidades habría intentado Leiva influir en Pedicone en causas penales de distintos políticos: “Toledo, José Roberto”; “Noguera, Javier” y “Bussi, Ricardo Argentino”. Y agregaron que “la predilección de Leiva por los teléfonos” también había sucedido con motivo de la sustanciación de la causa “Pérez, Claudio Antonio y Criado, Margarita s/ Enriquecimiento ilícito”: “allí se encuentran seriamente comprometidos el secretario administrativo de la Legislatura y su cónyuge”. Los denunciantes consideraron que había abundantes motivos para echar al vocal de la Corte. Y reflexionaron: “el instrumento principal de las mafias y de las organizaciones criminales no es la violencia, sino la corrupción. La corrupción es por naturaleza silenciosa; favorece la mimetización; permite conseguir el objetivo deseado con menos riesgos y mina las instituciones desde su interior”.



“Avasalló la Justicia”

Lucas Emmanuel Mayer se presentó como un trabajador independiente mayor de edad ante la Comisión de Juicio Político de la Legislatura. Con el patrocinio de su padre, el abogado jubilado Carlos Mayer, solicitó la destitución de Enrique Pedicone, vocal del Tribunal de Impugnación de la capital. Lucas Mayer dijo que el juez, “al mediatizar su actuación”, había puesto en duda la credibilidad del poder del Estado al que pertenece y colocado a la provincia en un estado de “virtual anarquía”. El denunciante dijo que había sido víctima de un ataque por la espalda el 11 de noviembre de 2019 y que el imputado es Nicolás Carrizo Albo. Expresó que el fiscal Pedro Gallo pidió la prisión preventiva del agresor y que el juez Raúl Cardozo la otorgó, tras lo cual la causa subió al tribunal de Pedicone: “se sabía que este iba a actuar puesto que el acusado es sobrino de su colega Eudoro Albo. Me inquietaba que quien tiene la llave y aceita la puerta giratoria, como dijo el ministro público fiscal Edmundo Jiménez, vaya a juzgarme. ¿Qué sucedió? Pedicone simuló una audiencia para poner en libertad a Albo (...). Vanos fueron los esfuerzos para que se postergara y anulara la audiencia que el juez hizo con el nuevo Código aún no vigente”, expresó. Lucas Mayer añadió que Pedicone “hizo una comedia”; que cambió la calificación a “lesiones leves” y que, trascartón, dio la libertad al imputado Albo. El denunciante manifestó que, como consecuencia de la liberación, se perdieron pruebas y que, después, un familiar tuvo que soportar que Albo se burlara de él en una fiesta. “Pedicone avasalla la Justicia al violar la ley con su ignorancia supina del derecho y se aparta de las normas que resguardan a las víctimas”, dijo Mayer. Y ofreció como prueba de la condición del juez de “portero de la puerta giratoria la grave denuncia” del vocal Daniel Leiva y las declaraciones que dio al respecto Jiménez.